Algo más de siete días siguiendo al detalle la Revolución de Irán, parecen no ser suficientes como para frenar la avalancha de noticias que llegan a Occidente y que están sacudiendo los pilares de la República Islámica. El sistema político iraní es un estado bicípite porque así lo quiere la Constitución, que establece dos fuentes de poder, una a través del sufragio universal para elegir al presidente, a los parlamentarios y a los gobiernos municipales, y otra a través del sistema teocrático encarnado por el guía.
En lo más alto de este entramado religioso y político está el Líder Supremo, un Alí Jamenei que encarna al todopoderoso jefe de Estado que dirige la acción política, comanda las Fuerzas Armadas y designa a jefes y presidentes de todos los medios del país. Paralelamente existen órganos y cargos elegidos democráticamente, que realizan un control político ficticio, siempre supervisado por las autoridades religiosas: un Parlamento, un presidente y la llamada Asamblea de Expertos. Como el Consejo (controlado por Jamenei) puede vetar a los candidatos que no sean de su agrado, el fraude es capital y la sociedad ha saltado a las calles en rebeldía cuando Jamenei ha apoyado a Ahmadineyad (líder del sector militar) frente a otras facciones del régimen iraní más moderadas. El candidato opositor Mir Husein Musavi, reformista, ha oficializado la demanda de anulación de los comicios (que dieron ganador a Ahmadineyad) ante el Consejo de Guardianes y ha pedido a sus seguidores que continúen con las protestas.
